La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad no ve obstáculo en las pegas del ministerio a la hora de seguir adelante con los 22 planeamientos, aún en tramitación. "La posición de la Confederación queda supeditada al informe del Canal de Isabel II. Si éste también es negativo, en ningún caso se aprueba el desarrollo", sostiene un portavoz. Y añade: "El informe de la Confederación tiene carácter consultivo, aunque siempre es tenido en cuenta".

El Gobierno regional insiste en que, "con carácter general, la garantía de suministro de agua, gas o electricidad la acreditan los distribuidores"; en este caso, el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad. Pero ahora la Confederación ha pasado a la acción para evitar el desarrollo urbanístico feroz y así, desde finales de 2005 incluye en su informe una cláusula que dice: "Deberán justificar la existencia de agua suficiente para satisfacer las nuevas demandas; en tanto esta justificación no se produzca, el presente informe deberá considerarse desfavorable".

"Es necesario un gran pacto por el agua", advierte Andrés Rojo, secretario de Organización del Partido Socialista de Madrid. "Hay que elaborar un plan estratégico para estudiar el crecimiento de la región y conocer las necesidades básicas. Es mejor este pacto que tener que hacer lo que en Valencia: que la Confederación vaya a los tribunales para parar los desarrollos urbanísticos desaforados", dice.

Según un informe de 2006 de la Cámara de Cuentas, el desarrollo urbanístico previsto en la región provocará a medio y largo plazo que no haya agua suficiente. La demanda estimada para 8,5 millones de personas -población prevista para 2020- sería de 1.079 hectómetros cúbicos al año. Hoy es de unos 600 hectómetros.

Fuente elpais.com